La Justicia obliga al Gobierno a activar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad

El freno administrativo que mantenía en pausa derechos esenciales para miles de familias se cayó en un solo fallo. La Justicia Federal dejó inválida la suspensión del Gobierno y ordenó que la **Ley de Emergencia en Discapacidad** entre en vigencia sin más excusas.

La decisión, emitida por el Juzgado Federal de Campana, obliga al Ejecutivo a aplicar la norma en todo el país y devolver certidumbre a quienes dependen de tratamientos, coberturas y apoyos que no pueden esperar un debate presupuestario.

La decisión judicial que cambió el escenario

El juez declaró inválido el artículo 2 del **Decreto 681/2025**, con el que el Poder Ejecutivo había suspendido la ejecución de la ley hasta que el Congreso definiera el financiamiento. El fallo remarca que un decreto no puede neutralizar una ley ya sancionada y ratificada, especialmente cuando afecta a un colectivo históricamente postergado.

Impacto inmediato en familias, cuidadores y prestadores

La resolución tiene alcance colectivo: abarca a todas las personas con **Certificado Único de Discapacidad (CUD)**, sus familias y los servicios que sostienen su vida diaria. Organizaciones del sector sostienen que este fallo marca un precedente claro: los derechos vinculados a salud, educación, transporte y apoyos no pueden quedar sujetos a indefiniciones administrativas.

Qué implica activar la Ley de Emergencia

La Ley 27.793, vigente hasta fines de 2027, busca fortalecer la continuidad de tratamientos, garantizar financiamiento y evitar recortes que pongan en riesgo prestaciones esenciales. Desde ahora, el Gobierno deberá ejecutar la norma, ajustar decisiones de organismos como ANDIS y comunicar a provincias y prestadores cómo se implementará.

Aunque la orden judicial exige acción "inmediata", aún resta saber qué partidas se moverán y cómo se aplicarán las medidas en el corto plazo. Lo que sí queda claro es el mensaje: los derechos de las personas con discapacidad no pueden esperar.